DOS GOLPES, EL MISMO MÉTODO
Alvaro Montero Mejía (*)
Sin lugar a dudas, el hecho político más importante en la Centroamérica de finales de esta primera década del 2000, ha sido el golpe de Estado de la oligarquía y los militares hondureños y la respuesta que les ha dado el hermano pueblo de Honduras. Si los grupos golpistas estaban lejos de imaginar la respuesta positiva de la comunidad internacional, cuya condena ha sido prácticamente unánime, menos pudieron suponer que los hondureños, sometidos durante décadas al enorme poder de una oligarquía insaciable, al control económico y social de las empresas bananeras y en los últimos años, de las corporaciones trasnacionales y las maquiladoras, sería capaz de responder con la altivez y el decoro con que lo ha hecho.
En este sentido, los hondureños nos dieron a los costarricenses una lección cívica y sobre esta misma premisa quisiéramos establecer algunas analogías que son mucho más que simples parangones o comparaciones. Primero debemos constatar que, en el caso de Honduras, estamos en presencia de un golpe de Estado “sui generis”, de una modalidad golpista que resulta, en muchos aspectos, novedosa aunque no única, como veremos posteriormente. Es cierto que en Honduras los militares cumplieron con la regla de oro de ser la fuerza bruta ejecutora, detrás de la cual se escuda el sector más retrógrado de la oligarquía criolla, de las corporaciones y las maquiladoras. Eso no es lo novedoso.
Sin embargo, aunque estamos en presencia de un ejército golpista, apoyado por el sector de la clase dominante, a estos grupos se agrega prácticamente todo el aparato estatal, por lo que podemos hablar, a justo título, de una institucionalidad integralmente golpista. En efecto, desde el momento de la detención y expulsión del país del Presidente, tanto la Asamblea Legislativa como el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría del Estado y otros órganos adheridos al aparato estatal, formaron un solo coro en el que manifestaban su respaldo a la defenestración del Presidente.
Aunque pareciera un hecho enteramente nuevo, los golpistas hondureños, se apoyaron en un ejemplo o más bien, en un modelo recientemente practicado en otro país centroamericano: Costa Rica. Fue aquí, en este país, donde tuvo su inicio esta nueva “técnica del golpe de Estado” como escribió Curzio Malaparte hace cerca de 80 años. Esto lo veremos detalladamente.
Alguien debió explicarles a estos golpistas hondureños, con lujo de detalles, la importancia de contar con el control absoluto de la institucionalidad. La existencia de esa que hemos llamado “institucionalidad golpista” y que parece un hecho contradictorio, es la mejor prueba de que, durante una buena parte de su historia y en particular durante los últimos decenios, las clases dominantes y sus aliados externos si habían enseñoreado del control absoluto del aparato del Estado. En buena teoría, esta situación ocurre invariablemente en casi todos los países del mundo. Una clase o una coalición de clases sociales económicamente poderosas, asume invariablemente el mando y control del Estado y no permite que las iniciativas, exigencias, controles o representantes de los grupos o clases económicamente desfavorecidas, se filtren, o se infiltren, en ese aparato.
De modo que, en apariencia, no estaríamos diciendo absolutamente nada nuevo. Sin embargo, en Honduras se produjo esa “filtración”. Un equipo de hombres y mujeres, dispuestos a representar no los intereses consagrados e históricos de la oligarquía y el imperio, sino los del pueblo raso, adquirieron influencia y poder de decisión en el Poder Ejecutivo. Su presencia en el aparato del Estado, en este caso en el Poder Ejecutivo, resultó absolutamente legítima puesto que adquirieron ese mandato de representación y decisión, en unas elecciones presidenciales que expresaron la voluntad de la mayoría.
Es muy probable que algunos de estos actores, ni siquiera hubieran pensado hace algún tiempo, en asumir ese papel. Pero la vida cambia a las personas honradas y progresistas; enfrentadas a situaciones de crisis, las acerca con sensibilidad y claridad al fondo de los acontecimientos, la radicaliza y pueden terminar optando por los intereses del pueblo, aunque ese no fuera su propósito inicial. Lo mismo ocurrió en Costa Rica durante el Referéndum de 2007.
Al producirse esa ruptura determinante en el equilibrio del poder oligárquico, la reacción no se hizo esperar. Primero lanzaron contra Zelaya toda la artillería de los grandes medios de comunicación, secuestraron los papeles de una consulta popular sin carácter vinculante, luego vino un amago de acusación por violación constitucional que no pasó del intento hasta que, poniendo en duda la eficacia de esos métodos, recurrieron al único que les quedaba: el golpe. Pero como hemos dicho, no fue un simple cuartelazos sino una acción pacientemente planeada.
La conclusión no puede ser más clara. En la Centroamérica de nuestros días, ni las oligarquías ni el imperio, pueden permitir que se desprendan más eslabones en su cadena de control sobre una de las zonas estratégicas más importantes del mundo. Dijimos en otra oportunidad, que el istmo centroamericano es un paso fundamental entre el océano histórico del desarrollo capitalista y la expansión colonial, el Atlántico y el mar del siglo XXI, de cara al impetuoso desarrollo económico y militar del Asia, el Pacífico. Centroamérica continúa como el paso más directo y expedito entre el este y el oeste de los Estados Unidos.
Con todo y eso, las distintas repúblicas centroamericanas, tienen también diferentes grados de importancia relativa en relación con la economía y la geopolítica mundial. En esta franja territorial, el primer lugar lo ocupa, sin lugar a dudas, la República de Panamá. Ese hermano país es el epicentro de la “zona canalera”, la llave de entrada y salida del Caribe, que según estudios recientes -y quizás no tan recientes- es un lago petrolero de proporciones gigantescas.
Costa Rica por su parte, se ha convertido en la capital de la oligarquía centroamericana. Enormes inversiones en actividades industriales, agrícolas, inmobiliarias y bancarias, han tenido lugar en virtud del ingreso de capitales principalmente guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y panameños. En ningún otro país de Centroamérica, existe una mayor concentración de capitales centroamericanos como en Costa Rica.
En esta perspectiva, la oligarquía centroamericana decidió respaldar la destrucción sistemática del Partido Liberación Nacional, fuerza decisiva de la consolidación de la reforma social costarricense impulsada por Calderón, Sanabria y Mora y en la construcción de un notable sector capitalista Estado e importantes servicios públicos, con la obra de José Figueres. Ésa destrucción no fue explosiva y escandalosa, como ha sido el caso del otro gran partido local, el PUSC, dinamitado con los juicios penales y las acusaciones de corrupción de dos expresidentes: Calderón y Rodríguez. El PLN fue destruido desde adentro, de manera paciente y sistemática. Fue copado integralmente en todas sus estructuras por una camarilla de extrema derecha dotada de enormes recursos financieros y mediáticos, encabezada por los hermanos Arias.
Es en este sentido que la figura de Óscar Arias y su galardón del “Premio Nobel”, juegan un papel trascendental en Centroamérica e incluso más allá. Era absolutamente imperativo que Óscar Arias asumiera de nuevo la presidencia de Costa Rica, aprobara el TLC con los Estados Unidos, consolidara la alianza estratégica del capital centroamericano con Costa Rica, alianza de la que el mismo Arias forma parte, y fortaleciera el polo de la derecha regional con otros países del área. Existían, sin embargo, escollos insalvables de orden constitucional. Sin embargo, resultaba imperativo fraguar un golpe de Estado que catapultara a Óscar Arias a la presidencia del país ¿Pero cómo? Estaba claro que Arias sólo podía ascender a la presidencia si se rompía el orden constitucional o lo que es igual, por medio de un golpe de Estado. Además, aún siendo indispensable la ruptura del orden constitucional en Costa Rica, ese golpe sólo podía ser dado si se guardaban todas las apariencias de una institucionalidad intacta, de modo que no se pusiera en entredicho ni la Carta Interamericana ni se afectara la imagen de esta impoluta y virginal democracia latinoamericana.
Para cumplir ese objetivo, era absolutamente indispensable fraguar el golpe con la plena complacencia de los principales órganos del Estado: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Elecciones, Procuraduría, Contraloría y, si fuera del caso, Asamblea Legislativa.
En efecto, el artículo 132 de la Constitución Política de Costa Rica permitó la reelección, hasta el mes de julio de 1969, cuando sobrevino una reforma trascendental que la prohibió. La vieja Constitución decía:
“No podrá ser elegido presidente y vicepresidente:
1) el que hubiera servido a la presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección”.
Pero aquel día, la Constitución se reformó con la ley número 4349, que prohibió de manera definitiva la reelección de cualquiera que hubiera ejercido la Presidencia y punto. Sin embargo, mediante el voto número 2771-2003 de las 11:40 horas del 4 abril 2003, es decir, 34 años después de establecida la prohibición constitucional a la reelección, la Sala Constitucional declaró inconstitucional aquella prohibición introducida en 1969, abriéndole paso a la reelección de Óscar Arias.
La interpretación de la Sala no podía ser más grosera y abusiva. En primer lugar no existía ni|existe ahora, en toda la estructura jurídica del estado costarricense, una norma que suplante la letra expresa del artículo 195 de la Constitución que le otorga a la Asamblea Legislativa y a ningún otro órgano, la potestad exclusiva de
“reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones:”… etcétera.
Nótese que la constitución dice “ CON ABSOLUTO ACUERDO“… etc.
Declarar la Sala Constitucional, como inconstitucional una reforma introducida hacía 34 años, declarando inaplicable el artículo que prohibía la reelección presidencial, sólo era concebible como un acto vergonzoso de sumisión y ultraje a la Constitución, realizado con el exclusivo propósito de que Oscar Arias pudiera reelegirse. La venalidad de los principales medios de comunicación se hizo patente, la oposición parlamentaria con escasas excepciones, guardó silencio y las fuerzas democráticas del país no reaccionamos a tiempo frente a semejante ultraje al estado de derecho y al órden constitucional.
Antes de ir más lejos, debemos recordar que la Sala IV fue constituida, casi en su totalidad, por elementos subordinados a Oscar Arias. La mayor parte de sus integrantes, le deben al nombramiento al pequeño grupo de la cofradía gobernante.
Pero honor a quien honor merece. Toda esta reiterada truculencia, llevó al ex presidente Luis Alberto Monge a indicar que “Oscar Arias le ha metido un bazucaso a la Constitución”.
Luego se produjeron, una tras otra, la absoluta subordinación del llamado Tribunal Supremo de elecciones, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa a las decisiones de un Poder Ejecutivo espurio, originado en la violación del orden constitucional vigente. Fin del golpe.
El resto es historia conocida. La cofradía de los Arias, en estrecho asocio con la oligarquía centroamericana, con este golpe de estado magistral, logró todos sus propósitos en una sola jugada, desplegada principalmente en estos últimos cuatro últimos años:
1 – Terminó de copar al Partido Liberación Nacional y lo subordinó por entero a los intereses oligárquico-imperialistas.
2 – Se garantizó la tutela de los intereses económicos y políticos concentrados en Costa Rica, la aprobación del TLC con los Estados Unidos y el bloqueo del proceso ascensional del movimiento patriótico.
3 – Inició la conversión de Costa Rica en un enclave seguro, situado como dijimos, en la zona canalera, en la puerta del Pacífico y en la cuenca petrolera más importante del mundo, si incluimos al Caribe y a las inmensas reservas de Venezuela.
Sólo hay algo que superan la perspicacia y la inteligencia de los enemigos de nuestros pueblos: la estupidez de algunos representantes del movimiento patriótico costarricense, que le pusieron una barrera infranqueable a la unidad política y electoral del movimiento cívico, progresista y latinoamericanista, que ascendía con ímpetu en este pequeño país de Centroamérica.
Curridabat, 12 de octubre 2009
(*)Doctor en Economía, Abogado, Profesor Universitario, Ex diputado, Ex candidato presidencial, Premio Nacional “Joaquín García Monge”.
