COSTA RICA: UN FRAUDE ELECTORAL QUE AGUDIZARÁ EL CONFLICTO SOCIAL Y POLÍTICO.
Por Rogelio Cedeño Castro[1].
I
Mediante la corrupción, la violencia simbólica y un clientelismo desbordado el gobierno del presidente Oscar Arias y los representantes del sector empresarial lograron distorsionar el sentido del primer referéndum o consulta electoral directa a la población de la historia republicana de Costa Rica.
No conformes con esto, una vez que violentaron todos los procedimientos propios de una sociedad democrática el gobierno, unido a los empresarios y a los medios de comunicación masiva, de propiedad de un pequeño sector empresarial, asegura que ellos obtuvieron un mandato político claro, para imponerle al país una serie de proyectos de ley que afectan, de manera significativa, el modelo social y económico que ha caracterizado a este país, al menos durante los últimos sesenta años. Nada más lejos de la verdad, como veremos a continuación.
El movimiento patriótico de lucha contra el TLC con los Estados Unidos y los 180 comités patrióticos, extendidos a todo lo largo y lo ancho del territorio nacional, ha denunciado el fraude mediático y la violencia oligárquica en contra de los trabajadores. No se trata sólo de un desconocimiento de los resultados electorales ( con unos votos más o menos bien contados, según se cree), por parte de este gran movimiento cívico, sino de que a partir de la intensificación de los graves problemas de legitimidad que se venían arrastrando, desde la última elección presidencial, se está ante las puertas de un conflicto social y político que irá tomando fuerza, en los próximos meses, en la medida en que el régimen imperante continúe con sus prácticas antidemocráticas para imponer su agenda al conjunto de la población.
La pujanza del movimiento del NO que expresa la existencia de un país, partido en dos mitades, aunque no idénticas y menos aún, con la misma capacidad de respuesta, constituye una amenaza para los grupos hegemónicos del país, quienes están haciendo todo lo posible para dividirlo, poniendo a pelear a sus integrantes entre sí. Los medios de comunicación han estado, durante toda la semana, jugándose esa carta, aunque desde luego ignorando que, en lo sucesivo, muchas de las decisiones políticas más importantes, habrán de tomarse al interior de los comités patrióticos, razón por la que preferirían disolverlos, o en el mejor de los casos, según sus intereses, se disiparan a partir de un presunto discurso de unidad nacional. Dentro de este imaginario, de raíz totalitaria, después del 7 de octubre habrían sólo costarricenses y no partidarios del No o del Sí.
La verdad que ni el gobierno ni sus parlamentarios recibieron un mandato claro y determinante, como para imponer la aprobación legislativa de los 12 proyectos de la agenda complementaria que implican, entre otras cosas, la apertura de los negocios de telecomunicaciones y seguros, como también legislación sobre propiedad intelectual y sobre materia de biodiversidad. Un resultado tan estrecho y la presencia de una oposición mucho más activa y consciente que los votos, fruto del miedo y de la imposición, propios de buena parte del oficialismo, son los elementos que vuelven muy explosiva la coyuntura postelectoral. Por otra parte, el problema para el gobierno y sus aliados es que de no aprobarse estos proyectos no habría acuerdo comercial con los Estados Unidos, pues se trata de condicionantes impuestos por ese país a sus socios para certificarlos, como una condición previa a la entrada en vigencia del acuerdo. El plazo expira el 29 de febrero de 2008.
II
Un país profundamente fracturado desde el punto social y político fue lo que arrojaron los resultados del primer referéndum de la historia republicana de Costa Rica, con el que se logró la aprobación formal del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el resto de Centro América (TLC CAEU-RD). Con apenas un poco más de 3 puntos de diferencia, que representan un total de 797.464 votos para el sí (51.60%) y 747.826 votos para el no (48.39%), aunque todavía faltan algunos resultados electorales, el gobierno del presidente Oscar Arias y sus mentores de Washington, quienes a través del embajador Mark Langdale intervinieron, de manera descarada en todo el proceso, lograron la ratificación de ese instrumento de dominación colonial.
Con un mapa político que reveló ser sumamente volátil, puede afirmarse que en este país con apenas un poco más de 50.000 kilómetros cuadrados de superficie continental, algunas provincias o regiones variaron, de manera radical, su comportamiento político, en relación con las elecciones de febrero de 2006, en la que fue elegido el actual presidente de la república por un período de cuatro años.
En aquellas provincias como el Guanacaste (más de diez mil kilómetros cuadrados), volcadas hacia el desarrollo turístico y con un notable crecimiento económico, cuyos beneficios no se ha revertido sobre la población y por el contrario, es donde se registran los mayores índices de pobreza o, en otras regiones, tales como el Valle de Los Santos, al sur de la provincia de San José, en donde los jóvenes se ven obligados a tomar el camino de la migración ilegal hacia los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades de empleo, el rechazo al TLC fue muy notorio, a pesar de haber apoyado a Oscar Arias para la elección presidencial, de febrero de 2006.
En tres de las siete provincias del país, el NO al TLC se impuso, a pesar de las presiones mediáticas y la compra descarada de votos, en lo que constituye la expresión más descarnada de un clientelismo que viene carcomiendo, desde hace varias décadas, las instituciones democráticas de Costa Rica. El comportamiento electoral de las provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas marca una voluntad de resistencia de las comunidades rurales, hastiadas de sufrir las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de los engaños clientelistas. Se trata de un hecho que tendrá un eco perdurable durante los próximos años, dados los componentes estructurales que conlleva la resistencia campesina en todos nuestros países.
III
El fraude electoral cometido por el gobierno y los sectores empresariales, a los que se une la decisiva complicidad de la dictadura mediática imperante en este pequeño país centroamericano y el propio Tribunal Supremo de Elecciones, es un riesgo calculado que tuvieron que tomarse los sectores oligárquicos ante la determinación de un pueblo que, sin grandes recursos económicos, logró conformar un vasto y plural movimiento de resistencia al neoliberalismo, tal y como lo habíamos señalado en un artículo anterior.
Desesperados ante las informaciones, provenientes de Washington, en el sentido de que una decisión negativa del pueblo costarricense frente al TLC con los Estados Unidos, no sería interpretada como un acto hostil en el seno de la mayoría demócrata del senado y la cámara de representantes, acudieron a la secretaría de comercio del país del Norte y al propio presidente estadounidense George Bush Jr para que amenazara a los costarricenses, diciéndoles que no era posible una renegociación del tratado, en lo que constituye una renovada práctica de la prepotencia imperial de siempre.
Esa idea que había comenzado a abrirse paso entre los electores irritó a los personeros del régimen de los Arias y a los propietarios de los medios de comunicación, quienes actuando a la manera de los regímenes totalitarios, montaron una campaña del terror, para llevar a los electores a tomar una decisión basada en el temor al caos o al vacío político, cuando en realidad estaban abiertas las puertas para una renegociación del tratado y abrir así la era de una nueva generación de tratados más respetuosa de los intereses de los pueblos latinoamericanos.
Los procedimientos fraudulentos que terminaron por distorsionar el primer referéndum de la historia de Costa Rica consistieron, en primer lugar, en el abrumador desbalance informativo introducido por la gran mayoría de los medios de comunicación, totalmente parcializados a favor del llamado Sí.
En segundo lugar, por el cerco ideológico y el lavado de cerebro sistemático a que fueron sometidos los trabajadores de las empresas ligadas al sector exportador, a quienes in extremis se les dijo que si ganaba el no, mejor no regresaran el día lunes a sus puestos de trabajo, porque las empresas se irían del país.
Por último, nos encontramos en tercer lugar, con el hecho grotesco de la compra abierta de votos mediante dinero en efectivo y de prebendas, además del clientelismo en gran escala, en lo que constituye un verdadero delito electoral, llevado a cabo por funcionarios como el ministro de vivienda, Fernando Zumbado y el alcalde de San José, la ciudad capital del país, Johny Araya quienes ofrecieron viviendas y becas para estudios a los habitantes más pobres y vulnerables del país. Esto es lo que debe saber la comunidad internacional, para no seguir alimentando ilusiones democráticas, acerca de un país en donde los sectores dominantes mostraron, por primera vez, su verdadero rostro, al ver amenazados sus intereses. Sin duda que en Costa Rica la lucha popular continuará por muchos cauces, durante los próximos años y también los problemas de legitimidad continuarán ahondándose, en cada coyuntura electoral que se presente.
[1] Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) e integrante del equipo del proyecto de Análisis de Coyuntura a la sociedad costarricense de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad.
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