El problema financiero del ICE

El Problema financiero del ICE
El Instituto Costarricense de Electricidad es una empresa de producción y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones. Originalmente telefonía fija y hoy también telefonía móvil.
Esta empresa pertenece en un 100% al Estado costarricense, y desde hace unos años para acá comparte el mercado con empresas privadas.
En el caso de la telefonía lo hace compitiendo con empresas trasnacionales que operan en casi todos los países de Latinoamérica.
Eso le da la oportunidad de trabajar en el país por debajo del costo de producción, sin que por ello tengan temor de cerrar su actividad por pérdidas.
El ICE pasó de ser una empresa de servicio público con carácter monopólico a ser una empresa en competencia en un mercado regulado, con precios y condiciones establecidos por una autoridad autónoma e independiente.
El paso de un mercado a otro no se dio en forma planificada. Políticos irresponsables, o tal vez mal intencionados, no se preocuparon de elaborar un plan de transición para que la empresa pudiera sobrevivir en las nuevas circunstancias.
En el año 2014, cuando se ha dado un cambio de gobierno, por la derrota de los partidos tradicionales que gobernaron el país en el siglo XX y en la primera década de este, el ICE presenta pérdidas financieras importantes.
La utilidad operacional que reporta la empresa es de ciento ocho mil setecientos setenta y nueve millones de colones, sin embargo reporta un neto de otros gastos que reduce la utilidad y la convierte en un déficit de sesenta y dos mil tres millones de colones (62003 millones de colones).
Haciendo una comparación de los resultados del ICE con los resultados de una empresa similar en Medellín, Colombia llamada ISA encontramos cosas muy significativas. El Costo de Operación representa un sesenta y cinco coma ocho por ciento (65,8%) del Ingreso de operación, mientras que en la ISA es de un treinta y nueve por ciento (39%). Eso da como resultado un Margen de Utilidad Bruta de un treinta y cuatro por ciento (34%) mientras que en la ISA es de un sesenta por ciento (60%).
Además de estas diferencias abismales en los resultados de la producción tenemos otras no menos graves. Mientras el ISA tiene gastos administrativos de un 6,42% de las ventas, las del ICE son un 25,54%. El margen de utilidad del ICE es de 8,67%, el de ISA es de 54,28%.
Todo lo anterior da como resultado que en ISA la Utilidad antes de Impuestos es de 32,62% mientras que en el ICE es negativa de un 4,94%.
Ante esta grave situación, la empresa ICE necesita un plan de rescate con el apoyo del Gobierno de la República, tanto económico como político. Sino más temprano que tarde se acercará a un cierre o a su venta al sector pirvado trasnacional.

Costa Rica necesita una política macroeconómica

Un objetivo para la política macroeconómica

La miopía de algunos y la pusilanimidad de otros tienen a Costa Rica encaminada por el cañón del estancamiento económico y el desempleo.
La absurda obsesión por resolver la crisis económica por la vía de una brutal disminución del gasto público, que tanto daño ha hecho a algunos países europeos, parece haber contagiado a algunos economistas de nuestro patio.
En Europa los banqueros, financistas y políticos que metieron a sus países en la crisis, aseguraron que la única manera de reducir el déficit presupuestario era imponiendo un recorte brutal al gasto público, esperando, según parece, que el problema del desempleo y la reactivación productiva se resuelvan en consecuencia. O como Sergio Muñoz Bata dijo: “por arte de magia”.
En Costa Rica los representantes oficiosos del establecimiento no se cansan en desear la magia de una disminución del gasto público, que los libere del enorme déficit y su consecuente deuda pública creciente. Saben que caminan por el filo de la navaja, que el equilibrio económico que han cuidado con esmero durante varios años, es un equilibrio inestable.
Y es inestable porque la economía costarricense es hoy totalmente dependiente del sector externo, de tal forma que si este sector nos favorece podemos gozar de un relativo equilibrio, pero si algo empieza a fallar, o sólo a cambiar, los efectos pueden ser catastróficos.
Y lo real es, que aun cuando todavía no podemos decir que el sistema está fallado, si encontramos grietas que se hacen grandes conforme pasa el tiempo y podrían en cualquier momento activar la falla económica. Y esas grietas se están mostrando en el sector externo. Importación exportación.
Amartya Sen, ganador del Premio Nobel y profesor de economía en la universidad de Harvard en los Estados Unidos de América, es uno de los promotores de la posición de aparejar la reducción de gasto a una política de crecimiento económico que genere empleo.
Para Sen es evidente que las medidas de austeridad por sí mismas no solo no funcionan sino que son profundamente antidemocráticas porque los líderes las toman sin consulta a la ciudadanía. “La preservación del sistema democrático es esencial para el bien público”, escribe Sen, “y en el caso de Europa todavía más porque los acuerdos políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron los que gestaron el estado de bienestar y los servicios de salud pública universales, no con el fin de proteger a la economía de mercado sino para proteger el bienestar de la gente”.*
Y en el caso de Costa Rica, aún más.
La disminución del gasto público es una política reduccionista que lejos de incentivar la producción la deprime, y, ¡cuidado! Si no es por esa vía, causa de una mayor disminución de los ingresos del gobierno.
Como ha sido público y manifiesto, la Reserva Federal de los Estados Unidos enfrentó la crisis mediante una política diametralmente opuesta al pensamiento conservador reduccionista y se dio a la tarea de expandir la oferta monetaria mediante emisiones enormes de los bancos de la Reserva Federal comprando bonos del Gobierno federal para cubrir el déficit del gobierno.
Lejos de producir una inflación como algunos teóricos podrían haber esperado, los precios se mantuvieron estables y la producción y el empleo crecieron al ritmo deseado.
Dos razones muy importantes para que no se produjera inflación, el desempleo que aquejaba a la economía del país y el sector externo que absorbió el exceso de liquidez, donde el capital buscó mejores tasas de interés en el exterior, a las muy reducidas en el sistema financiero local.
¿Qué podría pasar si en Costa Rica se aumentara la oferta monetaria?
Varias cosas simultáneamente.
Lo más importante: un aumento de la inversión, la producción y el empleo. También la inflación aumentaría a un siete u ocho por ciento, o algo más. La relación de las monedas cambiaría perdiendo el colón parte de su valor actual, con lo cual se incentivarían las exportaciones y se desestimularían las importaciones, los deudores con el exterior se verían en serios problemas y la banca tendría que ajustarse a la nueva situación tal vez con algunas pérdidas. Los ingresos del gobierno aumentarían y si se lograra conducirlos hacia la inversión podría estimularse más el crecimiento.
En consecuencia el déficit fiscal disminuiría por efecto de menores pagos de intereses a la deuda local, y por los aumentos en la recaudación de impuestos.
En conclusión podemos decir, sin cortapisas, el país necesita una política macroeconómica bien pensada y con objetivos claros, que conduzcan a disminuir la brecha entre el producto efectivo y el producto potencial de nuestra economía.

Esperar o iniciar trasformaciones en el sector público

¿Esperar o iniciar trasformaciones en las instituciones públicas?
El funcionamiento de las instituciones públicas no es lo que el pueblo de Costa Rica espera y merece, no podemos estar conformes esperando que el estado de cosas cambie por sí sólo.
Desde nuestra curul estamos, un día sí y otro también, combatiendo y denunciando la corrupción en la función pública. Sin embargo, en múltiples ocasiones nos sentimos frustrados e impotentes para obtener los logros deseados, por la falta de acción de las autoridades que son responsables de poner las cosas en orden.
Se requiere sin dilación una mayor participación coordinada de todas las fuerzas regeneradoras y trasformadoras que existen hoy en Costa Rica. Sin una restructuración ordenada de la estructura productora de servicios públicos, no es posible lograr la respuesta correcta y oportuna a las demandas populares.
Porque es un derecho inalienable de todos y todas, los y las ciudadanas de este país, el obtener respuesta pronta y cumplida de parte de los entes gubernamentales, tanto del poder central, incluyendo los tres poderes, como de las instituciones autónomas y de las empresas públicas.
La democracia no es solo elección de autoridades, éstas están comprometidas y obligadas a ejecutar la voluntad popular dando los resultados esperados en el funcionamiento de los órganos gubernamentales.
La Contraloría General de la República, en la Memoria del año 2014, de reciente publicación, proclama la eficiencia pública como derecho fundamental de la ciudadanía, consagrada en la Carta Constitucional de la República.
Para cumplir con el mandato constitucional, las instituciones públicas deben dar la correcta y esperada respuesta a las demandas de los ciudadanos, para lo cual deben promover una gestión administrativa eficiente. Así lo proclama la Contraloría y citando a la Sala Cuarta, la cual nos recuerda que “la eficiencia y la eficacia son obligaciones o imperativos constitucionales que, necesariamente, obligan a los entes públicos a actuar responsablemente en el ejercicio de la función administrativa.”
Pareciera que con estos enunciados todos estaremos en acuerdo, pero lo importante no es el discurso, sino el compromiso sobre la acción. La respuesta ante las preguntas que la Contraloría se hace; ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Son para todas las fuerzas políticas un verdadero reto.
La Contraloría dice, a manera de respuesta, que: ”lo realmente importante es encontrar todos los espacios posibles de mejora en eficiencia pública y aprovecharlos; sin esperar el inicio de reformas radicales sobre la estructura pública que pueden tener un futuro incierto”
Bien es aprovechar espacios, entre ellos el principal es el combate a la corrupción, primer y mayor causa de la ineficacia e ineficiencia en la administración pública. Y en eso la Contraloría General de la República por años nos ha quedado debiendo.
Pero mejor es, no esperar ni dejar de esperar el inicio de reformas radicales sobre la estructura pública que puedan tener un futuro incierto, sino emprender de inmediato esas reformas.
La Contraloría debe exigir de los órganos correspondientes, en primer lugar el Ministerio de Planificación, elaborar los planes de reforma administrativa, que tengan como objetivo establecer eficacia y eficiencia en el servicio público para satisfacer las necesidades de la población costarricense al menor costo posible.
No se trata de disminuir el gasto del sector público disminuyendo las prestaciones que se le dan a un pueblo lleno de necesidad, como ha ocurrido en la Caja Costarricense del Seguro social, para citar el mejor de los ejemplos, ya que ha dado los peores resultados posibles. Inclusive la muerte de muchos conciudadanos.
Más bien se trata de que con los mismos recursos que el pueblo está pagando, aumentar el servicio, para así llenar todas las necesidades insatisfechas en todos los lugares del territorio nacional, y para todos los hombres, mujeres y niños de nuestro país.

Jorge Arguedas Mora
Diputado

¿Déficit Fiscal o Desempleo?

La Producción se desacelera y el desempleo se mantiene.
Los principales periódicos opinan y los economistas liberales discuten, sobre la política macroeconómica, ante el crudo problema del desempleo y la desaceleración de la producción.
La gran pregunta es cual el principal problema de nuestra economía y como es que se debe analizar la situación para poder revertir ese problema de nuestra economía, que está causando grave daño social, con características de anomia en la juventud desocupada y de pobreza entre los trabajadores desocupados o semi-ocupados
Entre los elementos del análisis está la tasa de crecimiento de la producción, la cual se encuentra en reducción en el período de los últimos once meses, según se refleja en el índice mensual de actividad económica (IMAE) que calcula el BCCR.
Asimismo el desempleo, originado, según se afirma, en la menor capacidad del sector productivo, público y privado, para crear empleos. Sabemos que el desempleo abierto, según dato oficial, es cercano al 10% de la fuerza laboral y que sumando a quienes ya no buscan trabajo y han encontrado otras fuentes de ingresos, el subempleo, el total de personas en edad de trabajar supera ampliamente ese porcentaje.
Recientemente el editorialista de uno de los principales diarios cita algunos datos que nos dan una mejor idea de la magnitud del problemas económico actual, y son los siguientes: “Los sectores que causaron la caída de la producción, que en marzo del 2014 crecía a una tasa interanual del 4% (tendencia ciclo), en marzo de este año solo lo hizo un 1,7%, son, precisamente, los que tradicionalmente generan más fuentes de trabajo: agricultura e industria. El primero, que ocupa el tercer lugar en la fuerza laboral, cayó un 3,36% y el segundo, también segundo por su contribución al total de empleos, cayó un 1,38%. El sector comercial, primero en brindar oportunidades de trabajo, pasó de crecer a un ritmo interanual de un 4,35% en junio pasado a solamente un 2,97% en marzo” (Periódico La Nación 18 de mayo 2015).
Con base en estos datos podemos prever un deterioro mayor en la tasa de desempleo, lo cual nos hace pensar que la política macroeconómica debe cambiar para revertir esa tendencia, incentivando a las unidades productivas de los sectores estratégicos, como son la agricultura y la industria manufacturera.
No caigamos en ese lugar común que pregona que la solución a todos los problemas económicos es la disminución del déficit fiscal, por la vía de la disminución del gasto público o del aumento de los ingresos por mayor carga impositiva.
Estancamiento político económico, que nos tiene trabados desde el Gobierno de Abel Pacheco, en su recordada lucha contra el minúsculo partido Movimiento Libertario, pasando después por los Gobiernos Arias y Chinchilla, en este último fue la Sala Cuarta quien se inmiscuyó, desechando el proyecto por vicios en la forma de la aprobación legislativa, echando por la borda una laboriosa labor política de los partidos mayoritarios.

“ignoró(el gobierno) las peticiones del sector privado en cogeneración de electricidad, costo del diésel, gasolina y otros, lo cual creó un clima de poca confianza. Y la confianza en las políticas públicas es esencial para invertir y crear empleos. Su alianza con el Frente Amplio inclinó la balanza hacia la izquierda, lo cual tampoco favorece la confianza e inversión del sector empresarial”.
Además insiste el editorialista en aducir que disminuyendo el déficit fiscal se podrá reactivar la economía, lo cual no es una consecuencia directa ni tampoco es factible que pueda ser lograda en el corto plazo y que por lo tanto contribuya en ese futuro inmediato a reactivar la economía.
Cuando critica el financiamiento externo con el que se está financiando parte del déficit fiscal nos dice que la afluencia de divisas contribuyó a apreciar el colón, en detrimento de la competitividad de las exportaciones. Y agrega a continuación “La solución, obviamente, no es intervenir arbitrariamente el mercado cambiario para auspiciar un tipo de cambio ajeno al equilibrio, sino reducir el gasto para no tener que recurrir al financiamiento externo, que tiene, además, el inconveniente de incrementar la deuda pública, que también contribuye a generar desconfianza”.
Según este texto, parece que se hace caso omiso de la intervención que hizo el Banco Central para mantener la estabilidad del tipo de cambio, cuando sacó al sector público del mercado de divisas, y tampoco critica la inacción del ese mismo organismo en el actual momento económico en que estamos en las puertas a una recesión y el índice de precios parece conducirnos a una deflación (índice interanual de 1,81%, primer semestre -0,01%).
Deberían analizarse las variables económicas, no desde hace once meses, ni siquiera del último año, que coincide precisamente con el Gobierno actual, sino en un período mucho mayor. Debemos anotar de paso que los sectores agrícola e industrial, cuyo crecimiento ha sido analizado, vienen con problemas de crecimiento desde hace varios años, y eso tiene que ver con el modelo de comercio abierto que ha venido siguiendo nuestra política económica.
A esos sectores con crecimiento lento durante varios años, los han compensado otros sectores como el comercio, los servicios financieros y no financieros, las comunicaciones y el trasporte. Y por eso el resultado ha sido alagüeño.
Y, cosa curiosa, gracias a un análisis deficiente, el editorialista nos receta una más de estas medicinas que nos tiene enfermos desde que se aprobó el TLC y demás tratados de libre comercio, nos sugiere adherirnos a la Alianza para el Pacífico.
Pienso que la política económica que deberíamos adoptar en nuestro país tiene que ver con las siguientes medidas:
En primer lugar un tipo de cambio real, donde confluyan todos los demandantes de divisas y que con una alta probabilidad harán subir el tipo de cambio y como consecuencia disminuyan los costos de la producción interna, y al mismo tiempo encarezcan las importaciones.
En segundo lugar un aumento general de sueldos y salarios que hagan crecer la demanda interna por productos, bienes y servicios.
En tercer lugar un aumento del crédito a las empresas a tasas de interés menores para aumentar la oferta de bienes y servicios, esto se puede lograr mediante una disminución del encaje legal y un incremento del crédito por parte del BCCR.
Además de las mil veces repetidas recomendaciones de incrementar la construcción de obra pública haciendo uso de todos los recursos financieros accesibles en este momento, que al parecer de muchos no son nada escasos.
El temor a la inflación no puede seguir siendo un elemento de parálisis de nuestras autoridades económicas, el desempleo es el mayor flagelo que pueda sufrir una economía, y una de las principales causas de la pobreza en nuestro país; una política expansionista dada la situación coyuntural, no va producir una inflación galopante ni mucho menos.

Bajo el segundo enfoque, las autoridades podrían “manosear” más libremente el sistema monetario para lograr otros objetivos ajenos a la inflación, como la producción y el empleo. Sin duda, la gran tentación. No se casarían con una meta conservadora de inflación para no renunciar a estimular la producción.
Podrían aumentar la emisión y crédito para estimular la producción mediante mayor consumo e inversión, siempre y cuando exista una brecha entre el PIB observado y el PIB potencial (brecha del producto). Más allá, sería inflacionario. Los instrumentos se manejarían a discreción (al ojo). La emisión y crédito podrían superar las permitidas en el primer enfoque, la política cambiaria no se dejaría por la libre (el tipo de cambio asumiría un valor real sin comprometer la tendencia del mercado), y el Banco Central podría intervenir. Las reservas asumirían un papel estabilizador.
¿Cuál de los enfoques es mejor? ¿Cuál lograría mayor estabilidad del IPC, tipo de cambio y contribuiría más a maximizar la producción y el empleo a largo plazo? No lo podría decir. No sé con precisión la respuesta. Reconozco que distintas personas pueden tener diferentes preferencias. La única conclusión, de momento, es que debemos profundizar la discusión. Eso es angustiante, pero, a la vez, lo más estimulante de nuestra profesión.

La amada del Banco Central

La amada de la Junta Directiva del Banco Central.

Algo que no entendemos: ¿por qué el Banco Central restringe el crédito en dólares aumentando el encaje legal para los depósitos y préstamos provenientes del exterior?

Esta medida dará como resultado, tal vez no deseado, que posiblemente vendrán menos dólares y que adicionalmente su tasa de interés activa deberá aumentar hasta equipararse con la tasa activa en colones; creemos que con la loable meta de disminuir el riesgo cambiario, se cierra una fuente de recursos financieros que ha sido importante para productores y consumidores.

Podría lograrse el mismo efecto explícito, el de disminuir el riesgo cambiario, y al mismo tiempo aumentar el crédito en colones, si la equiparación de las tasas del encaje mínimo legal se hiciera al revés, o sea disminuyéndole la tasa a los depósito en colones y equiparándola con la de dólares, para que la banca cuente con más dinero para préstamos.

Si los productores recibieran más préstamos, se podría generar más producción, dado que hay desocupación en la economía, no solo de personas, también de tierra y capital, pero, el Banco Central en lugar de aumentar el crédito lo va a disminuir, su política es de un amante fiel, pero su amada no es el crecimiento y menos el empleo, su amada es la inflación, a la cual quiere tener cautiva. Si la inflación se mantiene incólume en un 4%, el Banco Central pensará que ha cumplido con su obligación legal, no importando si la economía genera o no, nuevos empleos.

Si bien es cierto que a mayor inflación, no necesariamente se producirían más puestos de trabajo, sí podríamos considerar que a mayor volumen de crédito y tasa de interés más baja, habrá mayor demanda e inversión.

La inflación no se verá afectada mientras el precio del petróleo se mantenga bajo en el mercado internacional, en una economía abierta al comercio internacional y con factores de producción desocupados.

No podemos olvidar que el déficit del sector público deberá mantenerse en un rango manejable, sin olvidar que al mismo tiempo se logre introducir más inversión y menos gasto público.

Luego como resultado de expandir la economía y controlar la inflación, podría lograrse la creación de más empleos.

George Zenemij

marzo 2014

 

Una Política para el desempleo.

El desempleo ha llegado a estabilizarse en niveles demasiado altos para un país en desarrollo, y para cualquier otro país, aún para los más desarrollados.

La tasa de desempleo era en diciembre de 9,7% y por las noticias económicas que nos dan las encuestas cono perspectivas de empleo en este año resultan ser desalentadoras.

Esta grave situación requiere de una respuesta inteligente y firme, una política económica con un alto grado de riesgo y con base en un conocimiento profundo de la realidad económica de nuestro país y del mundo.

Cuando hay en una economía factores económicos desocupados, la política económica no puede ser la misma que se aplicaría en una situación de pleno empleo.

En los Estados Unidos de América se hizo uso por parte de la llamada FED (Bancos de la Reserva Federal) de una política de estimulo con base en emisiones de dólares para la compra de la deuda estatal y bancaria, al mismo tiempo que se bajaba la tasa de interés al nivel más bajo en la historia económica de ese país.

Esa política, de alto riesgo, ya que se había venido aplicando anteriormente con resultados poco edificante, cuando se hacía con menos énfasis, ahora con el nuevo gobierno, se caracterizaría por su agudización máxima. Las emisiones inorgánicas se incrementaron y la tasa de interés llegó a ser la más baja de la historia económica del país.

El resultado ha sido un crecimiento de la producción y posteriormente del empleo.

En nuestro país también necesitamos una política macroeconómica por parte del Banco Central mucho más expansiva, con un claro fin de reactivar la economía.

Sin embargo, la directiva del Banco Central parece vivir una realidad muy distinta. Aferrados al texto del artículo dos de su ley orgánica presentan un programa macroeconómico que señala como objetivo prioritario preservar la estabilidad interna y externa de nuestra moneda.

Son conservadores y timoratos, incapaces de salirse de esquemas sin riesgo, y por supuesto sin visión económica para prevenir que una política expansiva podría conjugar factores desocupados internos y externos en favor de crecimiento de la producción, aun a riesgo de que nuestra moneda no sea interna y externamente tan estable como sería deseable.

El crecimiento sería el factor que resolvería problemas de déficit fiscal y problemas de relaciones económicas externas. Una inflación moderada no sería el caos en Costa Rica, en donde el caos social lo está sembrando la desocupación, en especial la de la gente joven del país.

En estos momentos sería muy importante para incentivar la inversión, la producción y el empleo, lograr un aumento del crédito bancario acompañado con una disminución de la tasa de interés, y un aumento de los plazos, simultáneamente a una inflación moderada.

Si a estos cambios en la política económica los siguen aumentos en la inversión externa, se estarían conjugando factores productivos externos y la mano de obra desocupada en el país.

Si la inversión externa no fuera suficiente, sería el mercado monetario el que finalmente logre el equilibrio, tan deseado por los señores apergaminados del Banco Central que tanto cuidan de sus jugosos empleos.

Costa Rica: Un país invadido.

Costa Rica: Un país invadido.

Para algunos los parámetros que caracterizan a un país han cambiado mucho, sobretodo en lo que concierne a soberanía.
Es contra la soberanía que un país vecino penetre en nuestro territorio, sin permiso y construya un caño para desviar las aguas del rio San Juan y cambiar el mapa. En eso todos estamos de acuerdo.
Pero, en cambio, no es contra la soberanía que un país, potencia mundial única, penetre en nuestro territorio con cuarenta naves artilladas, previo permiso de la Asamblea Legislativa.
Hay a la vista una diferencia desde el punto de vista de la legalidad, parece cierto, pero no lo es. Porque la Asamblea Legislativa puede autorizar que buques de guerra lleguen a nuestros puertos, pero no que actúen como fuerzas armadas en forma autónoma e independiente, en acciones de autoridad y fuerza militar. Veamos por qué.
Esa aparente legalidad de solicitar permiso, está subordinada a otro nivel superior de legalidad constitucional, por eso, de acuerdo a los conceptos básicos del significado de soberanía, no es posible justificar que ya en forma permanente, aunque pareciera que es ocasional, estemos invadidos por una fuerza armada extranjera, de la cual no podemos disponer, y mucho menos, si fuera el caso, combatir.
El diccionario define soberanía nacional de la siguiente manera: “La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”
Aceptando esta definición y entendiendo soberanía como tal, todo poder debe estar subordinado a los órganos representativos del pueblo. Por tanto, un ejército que no está subordinado a los órganos constitucionales representativos, viola la soberanía nacional.
El artículo 2 de nuestra Constitución Política dice: “La Soberanía reside exclusivamente en la Nación” y el artículo 6 agrega:”El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional”
Además el artículo 12 dice: ” Se proscribe el Ejército como institución permanente.
Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva“.
Si bien, el artículo 121, Atribuciones de la Asamblea Legislativa, en su inciso 5 “dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos“, esta atribución no puede ser contraria y dejar de obedecer al artículo 12 constitucional y esas fuerzas no pueden ser autorizadas a actuar en nuestro territorio autónomamente, sin constituir una violación al artículo 2 y 6 arriba citados.
La Asamblea Legislativa no tiene el derecho ni la atribución de violar los artículos de la Constitución que proclaman nuestra soberanía.
No entendemos cómo puede haberse llegado a denigrar en tal forma la soberanía de la Patria, a entender que nuestra soberanía ya no es algo importante y a pensar que somos impotentes de defender nuestro territorio; y así permitir que el orgullo nacional ande por el suelo.

Diputados aprueban permiso para ingreso de 44 buques artillados de EE.UU.
POR NATASHA CAMBRONERO / natasha.cambronero@nacion.com – ACTUALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014
Aval solo contó con la oposición del Frente Amplio

La Asamblea Legislativa aprobó este martes el permiso de atraque, permanencia en puerto y desembarque de 44 buques artilladas de los Guardacostas de los Estados Unidos de América, como parte del convenio de patrullaje conjunto contra del narcotráfico, que el país suscribió con esta nación norteamericana.
El aval solo contó con la oposición de los nueve diputados del Frente Amplio, quienes históricamente se han opuesto al atraque de estos buques. Al final obtuvo 35 votos entre los 44 legisladores presentes en la sesión legislativa.
El acceso aprobado es para el periodo comprendido entre el 1°. de enero y el 30 de junio del 2015, dado que el convenio debe aprobarse cada seis meses.

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