El Presupuesto Nacional 2015

El déficit fiscal y el presupuesto 2015.

Los diputados pretenden disminuir el déficit fiscal mediante recortes en el presupuesto. ¿Es posible hacerlo? Veamos una iniciativa de un diputado del mismo partido que está en el gobierno.

La Megamoción del diputado Otton Solís

Calificada así por el periódico La Nación los recortes del diputado llegan a la suma de 307 000 millones de colones, apenas un 3,9% del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo (7,96 billones de colones).
Supongamos que el plenario legislativo aprobara esta “megamoción”, entonces ¿Qué pasaría con el déficit fiscal? Muy poco, seguiría siendo de enorme magnitud porque siempre estaría aumentando la deuda pública en 3,4 billones.
Pero además consideremos la otra cara de la moneda, y preguntémonos ¿cuál sería el efecto social y legal de esta reducción, y como afectaría la labor gubernamental?
El diputado Ottón Solís considera desperdicios los gastos en capacitación y por lo tanto los reduce. Para todos, o casi todos, los pensadores y tratadistas en el tema de la administración, y en específico de la administración pública, los gastos en capacitación no son gastos, son inversiones.
Actualmente se considera en el pensamiento del campo de la educación, que ésta no termina cuando el profesional, o el técnico, finalizan sus estudios y se gradúan; por el contrario, la educación es un proceso permanente a lo largo de toda la vida laboral.
Es asombroso que un profesional de alto perfil y de pretensiones presidenciales salga con esta tan inconcebible afirmación: “la capacitación es un desperdicio”.
Y no se queda ahí el asunto, el hacha del diputado, cayó sobre el Ministerio de Educación. Dice la gacetilla de la Nación “En la moción de Ottón Solís, al Ministerio que más se le reduciría el presupuesto del 2015 es el de Educación Pública”
Es sorprendente que en un país que ha apostado siempre por la educación, aparezca un político con la tesis contraria. El 6% del PIB dedicado a educación es una ley de la República, con el apoyo de todos los partidos. Actualmente hay un proyecto de Ley para modificar la Constitución y aumentar el porcentaje dedicado a educación a un 8% del PIB.
Sí el presupuesto está cumpliendo la disposición constitucional cualquier rebajo que se le haga al presupuesto afectaría ese cumplimiento. Recordemos que dentro de este mismo porcentaje se encuentran las trasferencias a las universidades, entonces la crítica que se ha hecho al aumento que se les dio, no es un aumento del presupuesto para educación sino un cambio en la distribución interna de los recursos.
El mega_recorte del diputado Solís también atenta contra los derechos de los trabajadores y pretende disminuir las anualidades de los empleados públicos, un aumento que está relacionado con la calificación de servicio de cada trabajador.
Es cierto que muy a la tica casi la totalidad de los empleados reciben el aumento anualmente, pero no es posible que a rajatabla se pretenda disminuir la asignación presupuestaria presumiendo que en el próximo año las calificaciones se reduzcan. Estaríamos obligando al jefe calificador a predeterminar cuantos trabajadores deberán ser calificados con nota buena para recibir la anualidad, para así ajustarse al presupuesto. Esta sería una arbitrariedad tan poco ética como cuando un profesor antes de calificar a sus alumnos, decide cuantos van a pasar el curso y cuantos no, y según esa presunción califica los exámenes.
Comprendemos la intención de los diputados que abogan por una disminución del gasto del sector público, pero todos debemos comprender que esas disminuciones deben hacerse con base a una reforma técnica que elimine las duplicaciones y los verdaderos desperdicios, y también eliminando aquellos objetivos que ya no sean deseados por la comunidad o mejor dicho, por el partido o partidos gobernantes, que fueron apoyados por la mayoría de los ciudadanos.
Que los diputados le permitan al gobierno disminuir por si solo un porcentaje del presupuesto aprobado con una sub ejecución que se haría a lo largo del año, con base en un análisis de las contingencias, y sin afectar el funcionamiento normal de la administración pública y los servicios que esta presta a la ciudadanía.
Esta sub ejecución es una forma de disminuir el gasto que han utilizado gobiernos anteriores.

Setiembre 24 de 2014

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