Costa Rica necesita una política macroeconómica

Un objetivo para la política macroeconómica

La miopía de algunos y la pusilanimidad de otros tienen a Costa Rica encaminada por el cañón del estancamiento económico y el desempleo.
La absurda obsesión por resolver la crisis económica por la vía de una brutal disminución del gasto público, que tanto daño ha hecho a algunos países europeos, parece haber contagiado a algunos economistas de nuestro patio.
En Europa los banqueros, financistas y políticos que metieron a sus países en la crisis, aseguraron que la única manera de reducir el déficit presupuestario era imponiendo un recorte brutal al gasto público, esperando, según parece, que el problema del desempleo y la reactivación productiva se resuelvan en consecuencia. O como Sergio Muñoz Bata dijo: “por arte de magia”.
En Costa Rica los representantes oficiosos del establecimiento no se cansan en desear la magia de una disminución del gasto público, que los libere del enorme déficit y su consecuente deuda pública creciente. Saben que caminan por el filo de la navaja, que el equilibrio económico que han cuidado con esmero durante varios años, es un equilibrio inestable.
Y es inestable porque la economía costarricense es hoy totalmente dependiente del sector externo, de tal forma que si este sector nos favorece podemos gozar de un relativo equilibrio, pero si algo empieza a fallar, o sólo a cambiar, los efectos pueden ser catastróficos.
Y lo real es, que aun cuando todavía no podemos decir que el sistema está fallado, si encontramos grietas que se hacen grandes conforme pasa el tiempo y podrían en cualquier momento activar la falla económica. Y esas grietas se están mostrando en el sector externo. Importación exportación.
Amartya Sen, ganador del Premio Nobel y profesor de economía en la universidad de Harvard en los Estados Unidos de América, es uno de los promotores de la posición de aparejar la reducción de gasto a una política de crecimiento económico que genere empleo.
Para Sen es evidente que las medidas de austeridad por sí mismas no solo no funcionan sino que son profundamente antidemocráticas porque los líderes las toman sin consulta a la ciudadanía. “La preservación del sistema democrático es esencial para el bien público”, escribe Sen, “y en el caso de Europa todavía más porque los acuerdos políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron los que gestaron el estado de bienestar y los servicios de salud pública universales, no con el fin de proteger a la economía de mercado sino para proteger el bienestar de la gente”.*
Y en el caso de Costa Rica, aún más.
La disminución del gasto público es una política reduccionista que lejos de incentivar la producción la deprime, y, ¡cuidado! Si no es por esa vía, causa de una mayor disminución de los ingresos del gobierno.
Como ha sido público y manifiesto, la Reserva Federal de los Estados Unidos enfrentó la crisis mediante una política diametralmente opuesta al pensamiento conservador reduccionista y se dio a la tarea de expandir la oferta monetaria mediante emisiones enormes de los bancos de la Reserva Federal comprando bonos del Gobierno federal para cubrir el déficit del gobierno.
Lejos de producir una inflación como algunos teóricos podrían haber esperado, los precios se mantuvieron estables y la producción y el empleo crecieron al ritmo deseado.
Dos razones muy importantes para que no se produjera inflación, el desempleo que aquejaba a la economía del país y el sector externo que absorbió el exceso de liquidez, donde el capital buscó mejores tasas de interés en el exterior, a las muy reducidas en el sistema financiero local.
¿Qué podría pasar si en Costa Rica se aumentara la oferta monetaria?
Varias cosas simultáneamente.
Lo más importante: un aumento de la inversión, la producción y el empleo. También la inflación aumentaría a un siete u ocho por ciento, o algo más. La relación de las monedas cambiaría perdiendo el colón parte de su valor actual, con lo cual se incentivarían las exportaciones y se desestimularían las importaciones, los deudores con el exterior se verían en serios problemas y la banca tendría que ajustarse a la nueva situación tal vez con algunas pérdidas. Los ingresos del gobierno aumentarían y si se lograra conducirlos hacia la inversión podría estimularse más el crecimiento.
En consecuencia el déficit fiscal disminuiría por efecto de menores pagos de intereses a la deuda local, y por los aumentos en la recaudación de impuestos.
En conclusión podemos decir, sin cortapisas, el país necesita una política macroeconómica bien pensada y con objetivos claros, que conduzcan a disminuir la brecha entre el producto efectivo y el producto potencial de nuestra economía.

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