Mi padre lo creo, yo me lo apropio:
PARA SEGUIR REFRESCANDO LA MEMORIA ……por Raul Villa.
Las leyes 7200 y 7508, tramitadas con celeridad en la Asamblea Legislativa, crearon un negocio redondo para enriquecer empresas privadas a costas de la estabilidad financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), obligando a la institución a comprar energía más cara que la que puede producir y sin que exista la necesidad de hacerlo.
Entre los años 2010 y 2018 se obligó al ICE a pagar una suma cercana a los ¢709.936 millones o aproximadamente $1.333 millones a generadores privados por energía innecesaria y más cara de la que puede producir.
Esta obligación ha tenido un fuerte impacto sobre las finanzas de la institución;el peso de la compra de energía privada fue de un 37% dentro de la estructura de costos del sistema de generación del ICE para el año 2018.
Para el año 2017 el costo por Kwh de la producción de energía generada por el ICE era de ¢33.64 colones, mientras el costo de lo pagado por el ICE a empresas con contratos de cogeneración eléctrica era de ¢55.47 colones, ¢22.83 colones más por Kwh.
Hasta setiembre de 2018 el costo para el ICE de la generación eléctrica privada subió hasta ¢66.99 colones por Kwh.
Las cifras son contundentes, la obligación de comprar energía a generadores privados ha desangrado las finanzas del ICE por ¢146.663 millones que se pudo haber ahorrado.
El ICE cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para abastecer al país por los próximos 8-10 años .
No existe justificación para obligar al ICE a comprar energía cuando su capacidad de generación está muy por encima de la demanda máxima.
La presión financiera que ejerce este problema sobre el ICE se ha visto agravada por la ARESEP.
En el año 2018 ARESEP no le reconoció al ICE ¢20 mil millones de colones que canceló por la generación privada, contribuyendo eso al déficit del sector.
Es decir que encima de que tiene que comprar una energía que no necesita para cubrir la demanda la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no le reconoce esos gastos.
Nos preocupa que exista un plan detallado para debilitar el ICE a lo interno y así darle una justificación a los grupos de poder económico para exigir la privatización de la generación energética.
Las voces que reclaman por una mayor apertura al sector privado señalan deficiencias en la gestión del sector público, sin embargo, omiten mencionar que es el mismo sector privado el que está desangrando las finanzas del ICE obligándolo a comprar energía más cara de la que puede producir por su cuenta.
Se caen los dos principales argumentos es cierto de quienes se beneficiarían con la privatización; no es una mala gestión la única responsable de la complicada situación financiera del ICE y tampoco es cierto que el sector privado pueda proveer energía a un menor precio.
A inicio de la década de 1990 el plan era aliarse con líderes de negocios y de Gobierno bien conectados.
La táctica manifiesta en el brochure de EGI ( ENERGIA GLOBAL INTERNACIONAL ) de 1992 sacó chispas en 1996 cuando cayó en manos de la oposición mientras Jose Maria Figueres Olsen ocupaba la primer Magistratura de Costa Rica.
El expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen, y su hermano Mariano, QdDg, representaron a su familia en una empresa offshore a la cual se asociaron durante una década para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica privada aquí, en Chile y en Guatemala.
José María FIGUERES , quien además fue director ejecutivo y general del Foro Económico Mundial (2000-2004), y su hermano menor fueron directivos de la firma Energía Global International Ltd. (EGI), domiciliada en Bermudas, conocido paraíso fiscal.
A través de estos dos hermanos, la familia del caudillo y tres veces presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer –fundador del Partido Liberación Nacional y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)-, tuvo un asiento en la Junta Directiva de EGI al menos durante cuatro años, de 1998 al 2001.
Tal participación se explica –en parte- porque la generación eléctrica ha sido un interés comercial de la familia Figueres desde hace más de cuatro décadas. Por ejemplo, la relación entre la Sociedad Agro-Industrial San Cristóbal (Grupo SAISC), el holding familiar de los Figueres, y EGI data de 1991.
Fue en ese año cuando Energía Global International nació en Massachusetts, Estados Unidos, y seis años después su jurisdicción migró a Bermudas. Coincidentemente, es en 1991 cuando se creó Energía Global de Costa Rica S.A., la primera subsidiaria de EGI en Latinoamérica, presidida por el expresidente costarricense.
Doce meses antes, Costa Rica aprobó la Ley 7200, que autorizó la generación particular de energía y la posibilidad de venderla al ICE.
Consultados por DataBaseAR y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tanto el expresidente Jose Maria Figueres (1994-1998) como Mariano, gerente del Grupo SAICS de 1994 a 2014, reconocieron la existencia de la empresa offshore en Bahamas y haber ocupado una silla en la Junta Directiva de la misma hasta que se vendió en 2001.
Legisladores del partido Unidad Social Cristiana (PUSC) la calificaron como una política comercial antiética, reprochable y que fomentaba la corrupción, y aprovecharon la comparecencia del mandatario en octubre de ese año para cuestionarlo.
“Uno se preocupa de que expliciten prácticamente la búsqueda de compadrazgos, la búsqueda de influencia política para sus actividades económicas”, expresó en la comparecencia el entonces diputado del PUSC, Rafael Villalta.
Con la aprobación de la funesta ley de coneléctricas No. 8.345 se modificó totalmente el marco establecido por el artículo 7 de la ley 7.200. Este artículo limitaba la declaratoria de elegibilidad de los proyectos hidroeléctricos de los generadores privados a que la generación paralela no superara el 15 por ciento de la potencia del sistema eléctrico nacional, pero la ley 8.345 autorizó a cooperativas y empresas de servicios municipales a construir, sin límite alguno, centrales hidroeléctricas de hasta 60 MW, alterándose así la proporción establecida por la ley 7.200, dado que cuando las cooperativas y empresas municipales puedan generar sin estar sujetas a ningún tope, su capacidad de generación se elevará -en relación con la capacidad nacional- reduciéndose la participación proporcional del Ice en el mercado.
Dos distintas comisiones investigadoras especiales, una en 1996 y otra en 2002, han profundizado en las relaciones políticas del negocio, la ilegalidad en las tarifas y los altos costos. La última comisión, debido a la presión social después del combo energético, fue instalada para indagar los contratos de compra de energía. En una tercera comisión mixta del Ice los sectores sociales fueron enfáticos en la necesidad de derogar las leyes 7.200 y 7.508.
El regulador general declaró ante la Asamblea Legislativa, en noviembre de 1996, que a pesar de conocer la existencia de un error en las tarifas no las corrigió para mantener un ambiente propicio para la inversión privada. La Contraloría recomendó en el informe No. 90/2000 que las irregularidades de estas leyes deben ser llevadas hasta el Ministerio Público.
Según estimaciones del ICE, el monto acumulado por el pago a los generadores privados en el período 1999- 2010 es de 484.500 millones de colones, es decir unos $1.345 millones de dólares (este valor no incluye el monto pagado entre 1990 y 1999).
Esta cifra corresponde a unos $122 millones anuales, y si lo vemos en términos de un proyecto hidroeléctrico como Angostura, que costó unos $300 millones y produce 177 MW, nos damos cuenta de que con el mismo dinero invertido en esos 11 años pudimos haber construido unas cuatro represas como ésa, con una sola de las cuales tendríamos la capacidad de 189,85 MW, apenas un 12 por ciento de la electricidad del país que producen los generadores privados.
El año pasado el Ice pagó 40.000 millones de colones, casi el doble de lo que costó el 80 por ciento de la energía del país. Además, con lo que se paga a los generadores privados tendríamos recursos suficientes para enfrentar el crecimiento de la demanda contemplado en el plan de expansión del Ice, que requiere un promedio anual de $170 millones.
Según una publicación del periódico Al Día, de octubre 2004, en los últimos diez años se pagó 178 mil millones de colones a los generadores privados, lo que significó para la familia Figueres un 16 por ciento (26.998 millones de colones), mientras que para la familia de Oscar Arias significó un 9,6 por ciento.
En este momento, cuatro contratos terminaron su concesión y la ley 7.200 no prevé lo que sucederá después del vencimiento de éstos. Por eso es que los beneficiarios de este negocio están maniobrando para que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa incluya, con apoyo de Minae, un capítulo de generación privada en la Ley del recurso hídrico. Inicialmente, una subcomisión de esa Comisión había elaborado un primer texto sustitutivo donde había decidido no incluir ese capítulo.
Privatización de la generación eléctrica: el asalto del siglo.
El sector eléctrico nacional fue objeto de uno de los saqueos mejor planificados por los grupos de poder, quienes montaron en distintos gobiernos todas las condiciones legales e ilegales para ejecutarlo y permanecer impunes. Muchos directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice), ministros, diputados e inclusive presidentes de la República están implicados en ello. Estos hombres, que ejercían el poder formal para legislar a su antojo, están entre los beneficiarios del negocio.
Una suerte de «hidrogarquía» nació a la luz de esta privatización y ejerce su poder para perpetuar la generación privada. Con las leyes de generación privada 7.200 y 7.508 se inició el lento proceso de privatización y de debilitamiento del Ice que habría de ser completado por las leyes del llamado combo energético.
La Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa acogió una solicitud de investigación de este proyecto hidroeléctrico «por los posibles daños ocasionados al medio ambiente y al derecho de las comunidades vecinas de acceso al recurso hídrico».
Estos proyectos no solo causan conflictos sociales sino que también tienen graves impactos ambientales sobre los ríos, como la privación del agua para otros usos, los cambios en el caudal que terminan acabando con la vida del río, las cabezas de agua río abajo, la construcción de caminos en el bosque y la deforestación del área, el desvío de quebradas y el desplazamiento de poblaciones y propietarios. Lo más grave es que los instrumentos de mitigación, como los estudios de impacto ambiental, no están diseñados para prever estos efectos acumulativos y sinérgicos.
Hay 14 proyectos hidroeléctricos privados en la cuenca del río San Carlos y 14 en planificación, y Setena no tiene mecanismos legales para rechazarlos por acumulación de efectos negativos sobre el ambiente. Esto, además, porque las compañías privadas recurren a disminuir costos y no cuentan con un departamento de
Censuran a empresas de los Figueres.
Unidad les cuestiona acciones en proyectos hidroeléctricos
Publicado en 11 de febrero 1997…
Los diputados socialcristianos que participaron en la comisión que investigó la adjudicación de contratos de cogeneración eléctrica, repudiaron y censuraron, ayer, en su informe de labores, la relación del presidente de la República, José María Figueres con la empresa estadounidense, Energía Global Inc.
El dictamen fue emitido por los congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Hernán Bravo –exministro de Ambiente y Energía– y Hernán Fournier –expresidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)–.
En su informe, concluyeron que se ha dado toda una serie de anomalías y actos no regulares en torno a ciertos proyectos de cogeneración eléctrica en los cuales «se hayan vinculados personeros y exfuncionarios de la administración del Presidente Figueres Olsen y la empresa norteamericana Energía Global Inc.».
Según los dos legisladores, «se logró constatar que varios miembros del gabinete del presidente Figueres no solo participaron activamente en la constitución de dichas empresas –de cogeneración eléctrica– sino que, además, favorecieron a estas compañías directa e indirectamente en sus gestiones gubernamentales».
Citaron el caso del exministro de Obras Públicas y Transportes –y también de Seguridad– Bernardo Arce Gutiérrez por haber sido tesorero de la firma Energía Global de Costa Rica S.A.. También mencionaron a Douglas Loría, exasesor de Arce y exviceministro de Gobernación, por su papel como «accionista y notario de subsidiarias de Energía Global Inc.».
A las 6: 55 p.m., Bravo y Fournier entregaron su reporte, donde solicitaron la destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva Vargas, del exministro Arce Gutiérrez, del exviceministro, Loría Coto y de Hubert Méndez Acosta, Contralor del Ambiente.
En su caso, como en el del Ministro del Ambiente y Energía, René Castro, se le pidió al Ministerio Público indagar su responsabilidad por supuesto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y otros.
Energía Global de Costa Rica es la empresa desarrolladora de los proyectos P.H. Don Pedro y P.H. Volcán 3X, establecidos en la zona de San Miguel de Sarapiquí y cuyos contratos con el ICE revisó la Contraloría General de la República.
Por su parte, Energía Global Inc., con oficinas en Massachusetts, participa con Energía Global de Costa Rica en los proyectos Don Pedro y Volcán 3X. José María Figueres, y varios de sus hermanos, José Martí, Mariano, Karen Cristina, Kirsten y Meta Shanon han sido accionistas de las dos últimas.
Dictamen del PUSC
Conteo de reclamos :
Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) expresaron, en el informe final de la investigación sobre los contratos de cogeneración eléctrica, su repudio a las actuaciones del presidente de la República, José María Figueres, por su la relación con la compañía norteamericana Energía Global Inc.
CONCLUSIONES GENERALES
Hubo una serie de «irregularidades» y «violaciones al marco jurídico vigente», el cual regula las concesiones y contratos de cogeneración eléctrica privada.
Incumplimiento por parte de la administración pública en el seguimiento y fiscalización de las concesiones otorgadas.
Supuestas irregularidades con proyectos de cogeneración eléctrica en las que vincula a personeros y exfuncionarios de la administración Figueres Olsen.
CONCLUSIONES ESPECIFICAS
Que la compañía norteamericana Energía Global Inc. (Energy Global Inc.) «ha estructurado toda una estrategia empresarial» para asegurar su «predominio» en el mercado de la generación eléctrica privada mediante planteamientos «cuestionables desde el punto de vista ético y moral» que se fundamentan en la creación de compañías, en forma conjunta, con los jerarcas de los gobiernos.
Que dicha estrategia «se pudo verificar» en nuestro país mediante la incorporación en la constitución de empresas de diversos funcionarios y exfuncionarios de la actual administración.
Que el Presidente de la República,JOSE MARIA FIGUERES , actuó como socio fundador, presidente de la Junta Directiva y es «copropietario» de la empresa Energía Global de Costa Rica S.A., junto con parientes suyos, a través de la Empresa Sociedad Agroindustrial San Cristóbal S.A.
Que miembros del Gabinete del Presidente Jose Maria Figueres Olsen pudieron haber favorecido a un grupo de empresas. Se citan, por ello, al exministro de Obras Públicas y Transportes Bernardo Arce Gutiérrez, junto a Douglas Loría Coto, quien fue exviceministro de Gobernación.
Bernardo Alfonso Arce Gutiérrez, como ministro del MOPT, gestionó un permiso de explotación de cauce público. Los materiales extraídos del tajo Don Jaime se emplearon –supuestamente– en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Don Pedro S.A y Río Volcán. Arce aparece en los registros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como representante legal de la primera empresa.
Que el actual ministro del MOPT, Rodolfo Silva Vargas, continuó gestiones para la explotación del tajo Don Jaime, en supuesto provecho de las empresas citadas.
Que la participación de ciertos accionistas costarricenses de las empresas subsidiarias de Energía Global Inc., que estaban en puestos de decisión en el Gobierno de Figueres, pudieron haber influido en la actuación de las instituciones estatales.
Se exhibe la forma en que el Presidente de la República Jose Maria Figueres sus familiares y principales colaboradores de Gobierno han tratado de salvar los límites –que a nivel legal– se establecen para la participación de las personas físicas y jurídicas en los proyectos de cogeneración eléctrica.
Politica Costa Rica 